Control gubernamental en el sector empresarial. El caso de Colombia

¿Tiene derecho el gobierno de Colombia a disuadir a las empresas para que no se dediquen a ámbitos en los que seguramente no tendrán éxito?

Algunos quizá digan que la imagen negativa arrojada por Colombia durante mucho tiempo ha mejorado gracias a políticas públicas eficientes. Por eso, esas mismas personas también podrían aprobar lo que a mi juicio es un control gubernamental intrusivo para limitar el fracaso de las empresas del sector privado. A la luz de esto pongo de manifiesto, en estas líneas, los riesgos que supone para la innovación y la democracia el hecho de permitir tales medidas.

En primer lugar, al disuadir a las empresas para que no entren en determinados sectores, las entidades gubernamentales podrían estar actuando en contra de las prácticas innovadoras. De hecho, este tipo de acciones estales podría derivar en un paro masivo. Ante tal peligro, tenemos la posible solución indicada en su día por el economista David Ricardo: la idea de especializarse en un solo sector económico en el que el país cuenta con una ventaja competitiva. Por ejemplo, la exportación de recursos naturales como el oro.

Una política que garantizaría prosperidad y evitaría, tal vez, tanto paro. No obstante, limitar la economía a la explotación de recursos naturales podría exponer al país a problemas a largo plazo a medida que el desarrollo sostenible se vaya generalizando. Además, esta restricción podría suponer un alto en la innovación y la diversidad económica, dos factores que, desde mi punto de vista, fortalecen el país.

El efecto del control gubernamental sobre la economía es también objeto de debate. El mercado bursátil, por ejemplo, es independiente del Estado. A menudo, no logra ni entenderlo ni controlarlo del todo. Sirva de recordatorio que la crisis financiera de 2008 golpeó a Europa y a los Estados Unidos con especial virulencia porque no fueron capaces de predecirla. Pierde de este modo fuerza el argumento que propone una mayor restricción gubernamental para evitar el fiasco empresarial y financiero, al depender el éxito o el fracaso de una empresa de varios factores complejos.

Aun así, muchos políticos siguen afirmando que las políticas públicas eficientes han demostrado ser eficaces llegando incluso a propiciar un ciclo económico virtuoso. De hecho, mencionan a menudo el acuerdo de paz firmado en Colombia 2016 entre el Estado y las FARC para el cese de acciones violentas contra los intereses del país. Habiendo sido testigo de su éxito, creo que deberíamos implementar medidas similares para seguir mejorando la productividad de las empresas colombianas y disuadirlas de que se embarquen en actividades que estarían encaminadas al fracaso.

Cabe otra posibilidad que pasa por un control sobre el poder financiero que respalde la adopción de medidas como la asignación arbitraria de fondos, gravar con impuestos a las empresas que operan sin aprobación gubernamental, o incluso desprestigiarlas públicamente. Para mí, se trataría de unas prácticas inmorales típicas de regímenes dictatoriales para justificar un objetivo ideológico. Algo intolerable, tanto si lo que se persigue es seguir apoyando la economía o se trata, simplemente, de mera propaganda.

Como ya se ha visto, aunque algunos alientan el intervencionismo del gobierno de Colombia, recomiendo encarecidamente que se tengan en cuenta las consecuencias de un Estado demasiado intrusivo y poderoso. Además, en estos tiempos en que corren las criptomonedas y los mercados virtuales, la intervención estatal en el sector privado, tal como existe, podría ser irrelevante.

Por Théo Beyt, antiguo alumno del Bachelor in Management de TBS

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